Cuando se cumple seis meses del plazo que dio el Alcalde-Presidente de la Corporación municipal, a los presidentes de las AAVV en el mes de Diciembre del pasado año, para la redacción y participación de los reglamentos derivados de la Ley de grandes ciudades, a fecha de hoy, no se ha convocado a las distintas asociaciones ciudadanas que existen en el municipio.
No se entiende que la Corporación y su Alcalde no haya propuesto, una comisión política, cuando así lo había manifestado, abrir una mesa de diálogo con los distintos agentes sociales, empresariales y profesionales para plantear aquellas iniciativas que consideren para mejorar y alcanzar un consenso en aquellos documentos que presuntamente existen.
Siendo estos documentos importantes para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad y siendo las asociaciones ciudadanas, de alguna manera, los que vienen canalizando los distintos problemas que plantea la sociedad, parece claro que algo tienen que exponer para enmendar los citados documentos y sin embargo las mantienen al margen.
Como se recordará debería existir un borrador del reglamento de participación ciudadana, reglamento del consejo social de la ciudad, reglamento de los consejos territoriales de los distritos, reglamento de los centros cívicos municipales, etc. Desconocemos, por tanto, si va a ser unos reglamentos de mínimos o máximos, la proporción, los derechos y obligaciones, la información, los medios, etc. etc.
Con esta aptitud la corporación demuestra un absoluto desprecio hacia la sociedad en general y en particular a las asociaciones de vecinos, medioambientales, educativas, culturales, económicas y profesionales, ya que andan mucho más preocupados con la participación política en esos órganos que por los verdaderos intereses y participación de los ciudadanos emanados de esta Ley.
Cuando las pretensiones de los partidos políticos pasa por tener presencia en la composición de cada uno de los órganos de participación ciudadana, lo que proyectan en el fondo es controlar y politizar a esos órganos y por tanto impiden que sean independientes y objetivos, lo que implica que estos órganos no respondan a las expectativas ciudadanas ni al espíritu de la propia Ley, e indica del mismo modo el grado de compromiso y concepción que tienen, estos políticos, de una gran ciudad.
Los partidos políticos tienen la presencia en el Pleno del Ayuntamiento y en las Comisiones, que le asigna la Ley Electoral de acuerdo con los resultados obtenidos en esos comicios y sólo se entiende la participación de los mencionados partidos políticos en estos foros desde la perspectiva del control político, ya que la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local no contempla su participación, salvo en la comisión especial de sugerencias y reclamaciones que estará formada, en proporción, por todos los grupos políticos.
No se puede ni se debe tolerar que realicen unos reglamentos a la medida de los partidos políticos para, que gobierne quién gobierne en cada momento, tener a estos órganos mediatizados y concluir en sus resoluciones con el tipo de ciudad que los políticos quieran visualizar en cada momento, evitando así asumir, desde estos foros, las críticas necesarias de un estado democrático. De lo contrario no se entiende que, una Ley realizada para fortalecer la presencia de los ciudadanos en la vida pública, y con quién necesariamente debería llegarse a un consenso en la composición y funcionamiento de estos reglamentos ni siquiera se les haya convocado ni tenido en cuenta, lo que va a significar que la sociedad civil continúe debilitada a pesar de que la Ley propone lo opuesto a estas pretensiones políticas. De ahí la necesidad de que todos los agentes sociales y económicos alcen su voz frente a esta perversión.
Aprobar unos Reglamentos, sin ser convocados los agentes sociales y económicos sin tener en cuenta sus aportaciones, va a poner de manifiesto, una vez más, la falta de credibilidad política que tienen en la vida pública.
No se entiende que la Corporación y su Alcalde no haya propuesto, una comisión política, cuando así lo había manifestado, abrir una mesa de diálogo con los distintos agentes sociales, empresariales y profesionales para plantear aquellas iniciativas que consideren para mejorar y alcanzar un consenso en aquellos documentos que presuntamente existen.
Siendo estos documentos importantes para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad y siendo las asociaciones ciudadanas, de alguna manera, los que vienen canalizando los distintos problemas que plantea la sociedad, parece claro que algo tienen que exponer para enmendar los citados documentos y sin embargo las mantienen al margen.
Como se recordará debería existir un borrador del reglamento de participación ciudadana, reglamento del consejo social de la ciudad, reglamento de los consejos territoriales de los distritos, reglamento de los centros cívicos municipales, etc. Desconocemos, por tanto, si va a ser unos reglamentos de mínimos o máximos, la proporción, los derechos y obligaciones, la información, los medios, etc. etc.
Con esta aptitud la corporación demuestra un absoluto desprecio hacia la sociedad en general y en particular a las asociaciones de vecinos, medioambientales, educativas, culturales, económicas y profesionales, ya que andan mucho más preocupados con la participación política en esos órganos que por los verdaderos intereses y participación de los ciudadanos emanados de esta Ley.
Cuando las pretensiones de los partidos políticos pasa por tener presencia en la composición de cada uno de los órganos de participación ciudadana, lo que proyectan en el fondo es controlar y politizar a esos órganos y por tanto impiden que sean independientes y objetivos, lo que implica que estos órganos no respondan a las expectativas ciudadanas ni al espíritu de la propia Ley, e indica del mismo modo el grado de compromiso y concepción que tienen, estos políticos, de una gran ciudad.
Los partidos políticos tienen la presencia en el Pleno del Ayuntamiento y en las Comisiones, que le asigna la Ley Electoral de acuerdo con los resultados obtenidos en esos comicios y sólo se entiende la participación de los mencionados partidos políticos en estos foros desde la perspectiva del control político, ya que la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local no contempla su participación, salvo en la comisión especial de sugerencias y reclamaciones que estará formada, en proporción, por todos los grupos políticos.
No se puede ni se debe tolerar que realicen unos reglamentos a la medida de los partidos políticos para, que gobierne quién gobierne en cada momento, tener a estos órganos mediatizados y concluir en sus resoluciones con el tipo de ciudad que los políticos quieran visualizar en cada momento, evitando así asumir, desde estos foros, las críticas necesarias de un estado democrático. De lo contrario no se entiende que, una Ley realizada para fortalecer la presencia de los ciudadanos en la vida pública, y con quién necesariamente debería llegarse a un consenso en la composición y funcionamiento de estos reglamentos ni siquiera se les haya convocado ni tenido en cuenta, lo que va a significar que la sociedad civil continúe debilitada a pesar de que la Ley propone lo opuesto a estas pretensiones políticas. De ahí la necesidad de que todos los agentes sociales y económicos alcen su voz frente a esta perversión.
Aprobar unos Reglamentos, sin ser convocados los agentes sociales y económicos sin tener en cuenta sus aportaciones, va a poner de manifiesto, una vez más, la falta de credibilidad política que tienen en la vida pública.
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