SER O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN

Debatirse entre lo políticamente correcto o ser consecuente con sus propios actos, esa es la cuestión, como diría aquel autor en la obra de Hamlet. Es por ello que después de casi dos años de gobierno municipal, los responsables de los partidos que nos están gobernando (Nueva Canaria, PSOE y CNC) y que se comprometieron a constituir todos los foros de participación ciudadana, así como modificar positivamente la composición de las juntas de distritos, no sólo no lo han puesto en marcha sino que, según reveló el Alcalde hace un tiempo, a un medio de comunicación de este municipio, que eso se va a realizar para casi al final de este mandato.

Si esto es así, debemos decir que esta pretensión del regidor municipal es un fraude social hacia todos y cada uno de los ciudadanos, que pensábamos en función de lo que habían prometido estos mismos grupos políticos cuando estaban en la oposición, que iban a realizar un cambio político profundo en la institución municipal y no un mero cambio de personas en el poder como viene sucediendo. Supuestamente esta demanda viene avalada por el resto de los responsables políticos que conforman el grupo gobernante puesto que no se han manifestado en contra de las cuestionadas pretensiones.

Como se recordará el Pleno municipal, de 30 de Noviembre del 2005, aprueba los Reglamentos de participación ciudadana así como el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración y que fueron publicados en BOP el 13 de Febrero de 2006, por las que se rige administrativa y políticamente este Ayuntamiento desde esos momentos. Es decir, que después de tres años de aprobados esos Reglamentos, ahora nos vienen y nos dicen que para el final del mandato es posible, que se modifiquen en la dirección de las cuatro regresiones que se planteó por el área, no para reforzar los compromisos institucionales con la ciudadanía, sino todo lo contrario, para diluir las responsabilidades institucionales a cambio de más representación vecinal, que dicho sea de paso, en este caso no supone más pluralidad puesto que se sigue sin dar participación, como miembros natos en la composición de esos foros, a otros colectivos ciudadanos distintos a las asociaciones vecinales. Además pretenden realizar estos cambios al final del mandato municipal, precisamente para endosar o relegar este embarazo a otros futuros gobiernos municipales, en un intento de impedir un derecho esencial de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio que debería estar ejecutándose desde el mismo momento en que entraron a gobernar si fuesen coherentes con sus propias promesas.

De acuerdo con estas propuestas y declaraciones parece claro que estos responsables políticos, ni creen en la participación ciudadana, ni tienen la menor intención de poner en marcha en este periodo, los actuales reglamentos aprobados hace tres años, pues como diría una de sus concejalas, de lo poco interesante de ese gobierno, o no tienen “interiorizado” estos conceptos o por el contrario tienen verdadero pánico a que existan demasiados notarios en las políticas municipales. Por ello no creen en el establecimiento de los distritos como divisiones territoriales, dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, según el artículo 128.1 LBRL, ni siquiera la Comisión de Sugerencias y reclamaciones, donde son jueces y parte, pues no existe participación ciudadana alguna y ajena a los intereses políticos, ya que tan sólo está formada proporcionalmente por representantes de los grupos políticos que integran el Pleno de acuerdo con el artículo 132 de la LBRL. Ni tampoco están dispuestos a que el Consejo Social de la ciudad tengan más atribuciones que las mínimas que le atribuye la propia Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en que además de emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos (Art.131de la LBRL). Debemos decir que ésos órganos pueden tener todas aquellas atribuciones que le encomiende la mayoría del Pleno municipal, pero nunca menos de los que la Ley le atribuye. En todo caso las conclusiones del Consejo social no son vinculantes.

De igual modo ocurre con la Agenda21 del territorio o, la agenda21 de la cultura donde el Pleno del 27 de Septiembre del pasado año acuerda por unanimidad adherirse a la misma y sin embargo ni se ha desarrollado nuestra propia agenda21 municipal ni se ha creado el foro ciudadano de la cultura. La mayoría de los documentos que se han realizado y aprobados, por otros Ayuntamientos de distintas dimensiones, han sentado las bases sobre los contenidos que debe asumir la citada agenda: cultura y convivencia, Patrimonio, acceso a la cultura y democratización del saber, fortalecimiento de los agentes culturales, la creación y las misma artes, medios de ejecución de la Agenda21, etc. Claro que el establecimiento del foro cultural, dotarlo de un reglamento, establecer la agenda con contenidos y ejecutarla transversalmente, posiblemente le quedará demasiado grande, a estos gestores, si tenemos en cuenta que han pretendido vender la idea de que “la danza del vientre” es parte de los contenidos de la citada agenda municipal, por ello no nos extrañaría nada que nos propongan realizar una versión “adaptada”, de la mencionada agenda21 para nuestra ciudad, tal y como lo ha indicando el máximo regidor en relación a los reglamentos de participación ciudadana, como si esto fuera un guión que pueda adaptarse a una comedia.

Entre los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en relación con la administración, se establece como uno de los derechos de los vecinos a participar en la gestión municipal de acuerdo con el Art.18 de la LBRL, su derecho a reclamar y a que se le conteste en un plazo razonable de tiempo, ser informado de los expedientes de acuerdo con lo previsto en el Art. 105 de la Constitución, pedir la consulta popular en los términos previsto por la Ley o ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el Art. 70 bis, los presupuestos participativos, la planificación estratégica de la ciudad o los planes generales urbanos, descentralizar para acercar la gestión al ciudadano o simplificar la burocracia administrativa, el establecimiento de la ventanilla única o la aplicación de las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación y la realización de trámites de los ciudadanos o la conservación del territorio, su sostenibilidad y el medioambiente. Estos son sólo algunos de los derechos que como ciudadanos europeos nos corresponde y sin embargo en la práctica se nos hurta porque, quienes tienen la responsabilidad política de administrarnos, no están a la altura de la circunstancias que requiere una sociedad formada e informada como la actual y, se niegan a implantar unos derechos que han sido aprobados desde hace cinco años y que en la medida que continúen aplazando estas realidades nos seguirán alejando de Europa.

No es verdad que para llevar a la práctica todos y cada uno de los conceptos que se enumeran más arriba haya que poner un solo euro de más en los presupuestos, como decía hace unos meses algunos de los concejales interesados en exponer opiniones sin ninguna base contrastable. Pues existen los recursos humanos suficientes y las infraestructuras necesarias, si tenemos en cuenta que deben establecerse los criterios para reestructurar los edificios públicos, entre otros: los usos, las responsabilidades, los espacios, etc., a través del reglamento pendiente de elaborar, para ponerlos a disposición de los ciudadanos, precisamente para socializarlos y dinamizarlos en función de los intereses que demanden los colectivos ciudadanos en cada momento, donde no se prime a unos frente a otros como ha venido ocurriendo. En caso contrario y supuestamente este planteamiento fuera cierto, es decir, que haya insuficiencia económica o de gestión, el Cabildo deberá colaborar con el municipio, tal y como viene determinado en el Art. 70 bis de la propia Ley, por tanto este argumentario corresponde a estrategias que nada tienen que ver con la operatividad y los cumplimientos de la ley.

Es una obligación del pacto de gobierno arreglar los presuntos entuertos pasados y así debemos creérnoslo, además de que las concejalías funcionen, estén o no delegadas, puesto que es quién debe fijar los objetivos, recursos técnicos y económicos para que se pueda establecer esa pretensión. Pero del mismo modo corresponde a ese pacto de gobierno poner en marcha los tan citados Reglamentos de participación ciudadana como una de las propuestas del “programa de gobierno” que estos grupos políticos se comprometieron a establecer para gobernar este municipio y ahora lo niegan. “Programa de gobierno” que a estas alturas del mandato desconocemos en qué consiste a pesar de que nos aseguraron que la ciudadanía estaría informada en todo momento. 

Este es un ejemplo claro de las demagogias políticas, donde se pone de manifiesto aquello que decían y prometían cuando estaban en la oposición y de las artimañas políticas que son capaces cuando gobiernan. No obstante debemos tener claro que estos reglamentos van a tener que ejecutarlo más pronto que tarde, les guste o no, con más o menos recortes en sus contenidos, dependiendo del talante real de esa mayoría gobernante, puesto que la tan citada Ley 57/2003 les obliga a ello, al acogerse al Título X, y no como ocurrió con la Ley 14/1990 que posibilitaba estos mismos foros, aunque no obligaban a su creación, donde tampoco, entones, fueron capaces de liderar esos procesos para facilitarlos y desarrollarlos para que la ciudadanía pudiese expresarse e implicarse en los asuntos cotidianos municipales y que le son de su incumbencia.

El pasado 19 de Enero hemos podido ver un artículo de opinión del Sr. Alcalde titulado “sobre la participación ciudadana” en relación a la presunta participación que el gobierno regional pretende poner al servicio de los ciudadanos. En este sentido no vamos a prejuzgar la pretensión del gobierno regional hasta que no podamos analizar el proyecto que pretende consensuar con los ciudadanos, no obstante deberíamos convenir que no se debe tolerar que determinados responsables políticos nos imponga un reglamento que disfrace la existencia de una verdadera participación ciudadana.

A riesgo de ser reiterativo, lo que queda manifiestamente claro es la falta de voluntad política expresada por el primer mandatario y autorizada por el resto de los responsables del trío político que sustenta al gobierno municipal, para afrontar una reforma positiva en la composición de los distritos tal y como se comprometieron. Por tanto cualquier otro argumento que puedan expresar sobre el particular pertenece al plano de la persuasión de este grupo municipal, pensando que los ciudadanos interesados por estos temas son cuatro excéntricos y que presuntamente la mayoría silenciosa les están apoyando. 

Así y todo creemos que somos multitud y nos negamos a ser meros comparsas de aquellos que pretenden gestionar una gran ciudad para el siglo XXI cubiertos bajo una arenga pseudo progresista, pero que cuando esas ideas hay que ponerlas en la práctica cotidiana, como es el caso que nos ocupa, para facilitar y extender derechos a los ciudadanos de su municipio, vemos como continúan perpetuando voluntades, pensamientos y actitudes propias de otros tiempos y que contrasta con la frase atribuida a Ernesto Che Guevara que dice: “La revolución no se lleva en los labios para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella”. Recordar que en todos estos procesos están comprometidos e implicados todos los países y ciudades europeas, por ello y a tenor de las propuestas efectuadas y las manifestaciones realizadas, instamos a ese gobierno a establecer de inmediato los foros derivados de los reglamentos aprobados el 30 de Noviembre del 2005 y cuando se establezcan los consensos necesarios por una amplia mayoría social, respaldado por el pleno municipal, que se incorporen al texto actual.