La aprobación por el Gobierno Autónomo de aplicar la Ley de las grandes ciudades al municipio de Telde y en la que se intenta vender por parte de algunos políticos del grupo de gobierno de este municipio, como la panacea a la solución de los problemas que tiene los distintos barrios, hay que decir que no se ajusta a la realidad puesto que si esa es la verdadera voluntad política sólo tenían que poner en práctica la Ley 14/1990, aprobada por el Gobierno de Canarias de 26 de Julio, definida en el régimen jurídico de las administraciones públicas relativa a los municipios canarios y a las entidades territoriales inframunicipales que en su articulado ya se definían las Juntas Municipales de Distrito o Barrios cuyas competencias entre otras era mejorar la gestión y facilitar la participación ciudadana, los Consejos de Participación Ciudadana y sus funciones, como son estudiar y cuantificar los problemas en todas las materias (urbanismo, sanidad, educación, trafico, etc.) de los distritos o barrios así como los Consejos de Barrio y del Sector.
Como se puede ver esta Ley, sin aplicación, tenía como objetivo la participación ciudadana en sus distintas vertientes: empresarial, sindical, asociaciones, etc. y suponía una riqueza social imprescindible para el desarrollo de cualquier municipio, pero para ello era necesario altura política, generosidad política, falta de personalismos políticos y más trabajo político, cosa de lo que a mi juicio se ha carecido por todas las formaciones políticas que han accedido a la corporación municipal hasta la fecha.
La Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (conocida como Ley de Grandes Ciudades), profundiza en la profesionalización de todos los actos del Ayuntamiento, clarifica las funciones de varios de los departamentos y Cargos Administrativos, se refuerza la Junta de Gobierno con la elección de profesionales y potencia la policía de proximidad. Sin embargo la utilización que se realice de la misma es la que va a marcar la diferencia entre un Gobierno eficaz o que continué en la misma dirección que hasta este momento.
En el plano participativo el Consejo Social de la ciudad tiene la función de emitir informes, estudios y propuestas en materias de desarrollo social. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones va a estar formada por todos los grupos políticos en proporción al número de miembros que tengan en el mismo. La creación de los Distritos como divisiones territoriales tienen como fin acercar la administración al ciudadano que como órganos de gestión desconcentrada debe impulsar y desarrollar la participación ciudadana. En todo caso dependerá de las normas orgánicas que apruebe el Pleno, para que esta Ley de mínimos determine y regularice los procedimientos y mecanismos adecuados, la necesaria información y comunicación insertada en las nuevas tecnologías, así como la vinculación o consideración de los distintos estudios que elabore el Consejo Social y la Comisión de Sugerencias por el Grupo de Gobierno.
Como se decía anteriormente el hecho de que una Ley nos sitúe como una de las grandes ciudades, no soluciona los problemas de infraestructura, carreteras, tráfico, educación y cultura, empleo, sanidad, servicios, pobreza, etc., que tiene el municipio si no se tiene la voluntad y la capacidad de resolución necesaria para cambiar este estado de cosas. Para ello es necesario un pacto político en los grandes temas que tiene el municipio y que los políticos que gobiernen lo hagan en la perspectiva de planificar, coordinar y gestionar la ciudad en función del crecimiento potencial poblacional, con políticas socioeconómicas sensibles con la misma, respeto al medio ambiente y a nuestro patrimonio histórico.
Las políticas claras son las que le dan la confianza necesaria a los agentes sociales y económicos y no otras, al mismo tiempo que se evita que la ciudad se vaya planificando a golpe de impulsos o en función de los intereses políticos de quien gobierne en cada momento y para ello no es preciso ninguna Ley de Grandes Ciudades.
Como se puede ver esta Ley, sin aplicación, tenía como objetivo la participación ciudadana en sus distintas vertientes: empresarial, sindical, asociaciones, etc. y suponía una riqueza social imprescindible para el desarrollo de cualquier municipio, pero para ello era necesario altura política, generosidad política, falta de personalismos políticos y más trabajo político, cosa de lo que a mi juicio se ha carecido por todas las formaciones políticas que han accedido a la corporación municipal hasta la fecha.
La Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (conocida como Ley de Grandes Ciudades), profundiza en la profesionalización de todos los actos del Ayuntamiento, clarifica las funciones de varios de los departamentos y Cargos Administrativos, se refuerza la Junta de Gobierno con la elección de profesionales y potencia la policía de proximidad. Sin embargo la utilización que se realice de la misma es la que va a marcar la diferencia entre un Gobierno eficaz o que continué en la misma dirección que hasta este momento.
En el plano participativo el Consejo Social de la ciudad tiene la función de emitir informes, estudios y propuestas en materias de desarrollo social. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones va a estar formada por todos los grupos políticos en proporción al número de miembros que tengan en el mismo. La creación de los Distritos como divisiones territoriales tienen como fin acercar la administración al ciudadano que como órganos de gestión desconcentrada debe impulsar y desarrollar la participación ciudadana. En todo caso dependerá de las normas orgánicas que apruebe el Pleno, para que esta Ley de mínimos determine y regularice los procedimientos y mecanismos adecuados, la necesaria información y comunicación insertada en las nuevas tecnologías, así como la vinculación o consideración de los distintos estudios que elabore el Consejo Social y la Comisión de Sugerencias por el Grupo de Gobierno.
Como se decía anteriormente el hecho de que una Ley nos sitúe como una de las grandes ciudades, no soluciona los problemas de infraestructura, carreteras, tráfico, educación y cultura, empleo, sanidad, servicios, pobreza, etc., que tiene el municipio si no se tiene la voluntad y la capacidad de resolución necesaria para cambiar este estado de cosas. Para ello es necesario un pacto político en los grandes temas que tiene el municipio y que los políticos que gobiernen lo hagan en la perspectiva de planificar, coordinar y gestionar la ciudad en función del crecimiento potencial poblacional, con políticas socioeconómicas sensibles con la misma, respeto al medio ambiente y a nuestro patrimonio histórico.
Las políticas claras son las que le dan la confianza necesaria a los agentes sociales y económicos y no otras, al mismo tiempo que se evita que la ciudad se vaya planificando a golpe de impulsos o en función de los intereses políticos de quien gobierne en cada momento y para ello no es preciso ninguna Ley de Grandes Ciudades.
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