El pasado primero de Marzo nos hemos levantado con la desagradable noticia en la que, la responsable de una de las Concejalías de este municipio y otras personas, estaban envueltas en unas presuntas irregularidades. Será la justicia la que tiene la facultad de explicar y demostrar estas transgresiones. Durante la reciente y escasa historia democrática, desgraciadamente, la mayoría de los partidos políticos, en sus tareas de gobierno, se han visto envueltos de este tipo de descomposiciones, como consecuencia de actitudes individuales que no responden al bienestar general de los ciudadanos, ni a la filosofía de los partidos políticos.
Ha sido, el poder judicial el que se adelanta, como en la mayoría de los casos, para intervenir y poner orden a los desmanes políticos, en sus acciones de gobierno y no los propios partidos políticos, lo cual no deja de sorprendernos, si tenemos en cuenta que la comisión de investigación, como herramienta democrática, no sólo sirve, para depurar responsabilidades políticas, sino para poner a disposición de los juzgados correspondientes, cualquier irregularidad que pudiera encontrarse en la gestión política o administrativa.
No obstante, convocar una comisión de investigación, a remolque de una investigación judicial, en el fondo, más que depurar responsabilidades políticas, viene a servir, para “limpiar la imagen” del resto de los componentes del partido político afectado, que está bien, pero que en la mayoría de los casos no ha servido, para establecer las medidas de control necesarias y evitar que se vuelvan a reproducir estas situaciones. Así podemos contrastar, que mientras están en la oposición, solicitan medidas de control e intervención, sin embargo cuando están gobernando, no solo no las ponen en marcha, sino que no quieren que esos controles, se les aplique a su propia gestión de gobierno.
Mientras los partidos políticos no contemplen, faciliten y acepten los controles e intervención política de las que dispone un estado de derecho y democrático, como herramientas necesarias y habituales en todos los órganos de gestión, con independencia que estén en la oposición o en el gobierno, no estaremos en las mejores condiciones para erradicar estas situaciones. Por lo tanto, no debemos lamentarnos cuando ocurren hechos como los anteriores y a continuación no establecer los dispositivos que han generado esos resultados.
No se puede, ni debe, zarandear a toda una sociedad, como está ocurriendo, porque la mediocridad de nuestros políticos, no estén a la altura de las circunstancias, y no sean capaces para ponerse de acuerdo, en las cuatro medidas democráticas necesarias, para asegurar unas reglas de juego que sirvan a todos los partidos políticos, que eviten estos escenarios circenses.
En política sólo cuentan los hechos, al margen claro está, que todas las personas tienen el derecho a la presunción de inocencia, y en este sentido el gobierno municipal, perdió la oportunidad de facilitar mayor presencia e intervención, en los reglamentos orgánicos aprobados recientemente, para que los partidos en la oposición pudieran tener mayor control y participación en todas las actividades que realiza el gobierno, no sólo porque representa a una parte de la sociedad, sino por pulcritud política, más aún, cuando entre otras cosas los partidos gobernantes habían planteado, en su programa electoral, una mayor transparencia política y administrativa. Difícilmente se podrá controlar a un gobierno, si no se facilita a la oposición, los mecanismos precisos para desarrollar y verificar la limpieza política en ese control.
La mayoría de los ciudadanos hemos facilitado un cambio político para que se desarrollara, la transparencia en la gestión pública, la participación social y política en la institución, la tolerancia entre los partidos políticos y el respeto hacia las personas, sin embargo sólo ha servido para convulsionar la vida social y política de este municipio.
Ha sido, el poder judicial el que se adelanta, como en la mayoría de los casos, para intervenir y poner orden a los desmanes políticos, en sus acciones de gobierno y no los propios partidos políticos, lo cual no deja de sorprendernos, si tenemos en cuenta que la comisión de investigación, como herramienta democrática, no sólo sirve, para depurar responsabilidades políticas, sino para poner a disposición de los juzgados correspondientes, cualquier irregularidad que pudiera encontrarse en la gestión política o administrativa.
No obstante, convocar una comisión de investigación, a remolque de una investigación judicial, en el fondo, más que depurar responsabilidades políticas, viene a servir, para “limpiar la imagen” del resto de los componentes del partido político afectado, que está bien, pero que en la mayoría de los casos no ha servido, para establecer las medidas de control necesarias y evitar que se vuelvan a reproducir estas situaciones. Así podemos contrastar, que mientras están en la oposición, solicitan medidas de control e intervención, sin embargo cuando están gobernando, no solo no las ponen en marcha, sino que no quieren que esos controles, se les aplique a su propia gestión de gobierno.
Mientras los partidos políticos no contemplen, faciliten y acepten los controles e intervención política de las que dispone un estado de derecho y democrático, como herramientas necesarias y habituales en todos los órganos de gestión, con independencia que estén en la oposición o en el gobierno, no estaremos en las mejores condiciones para erradicar estas situaciones. Por lo tanto, no debemos lamentarnos cuando ocurren hechos como los anteriores y a continuación no establecer los dispositivos que han generado esos resultados.
No se puede, ni debe, zarandear a toda una sociedad, como está ocurriendo, porque la mediocridad de nuestros políticos, no estén a la altura de las circunstancias, y no sean capaces para ponerse de acuerdo, en las cuatro medidas democráticas necesarias, para asegurar unas reglas de juego que sirvan a todos los partidos políticos, que eviten estos escenarios circenses.
En política sólo cuentan los hechos, al margen claro está, que todas las personas tienen el derecho a la presunción de inocencia, y en este sentido el gobierno municipal, perdió la oportunidad de facilitar mayor presencia e intervención, en los reglamentos orgánicos aprobados recientemente, para que los partidos en la oposición pudieran tener mayor control y participación en todas las actividades que realiza el gobierno, no sólo porque representa a una parte de la sociedad, sino por pulcritud política, más aún, cuando entre otras cosas los partidos gobernantes habían planteado, en su programa electoral, una mayor transparencia política y administrativa. Difícilmente se podrá controlar a un gobierno, si no se facilita a la oposición, los mecanismos precisos para desarrollar y verificar la limpieza política en ese control.
La mayoría de los ciudadanos hemos facilitado un cambio político para que se desarrollara, la transparencia en la gestión pública, la participación social y política en la institución, la tolerancia entre los partidos políticos y el respeto hacia las personas, sin embargo sólo ha servido para convulsionar la vida social y política de este municipio.
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