En el debate del estado de la nacionalidad de Canarias y en relación con las presuntas corruptelas, el Presidente de la comunidad canaria prometía un “código ético” como medio de proscribir las mismas. No obstante el Presidente se olvida, no sabemos si a propósito, que hace ya algunos años, la mayoría de los partidos políticos firmaron, un -código ético- contra el transfuguismo político, que no ha servido para solucionar éstas corruptelas. Menos mal que, el Presidente, no volvió a prometernos un nuevo “estado de felicidad”, como hizo en el discurso del debate de investidura el tres de Julio de 2003, porque el panorama político no es el más propicio para convivir en ese estado prometido.
Visto lo anterior debemos preguntamos, para qué sirve el “juramento público” que realiza los políticos, como compromiso necesario para adquirir la plena condición de sus cargos, en el que deben respetar las garantías de un estado de derecho, si posteriormente lo incumplen. Siendo ésta la mayor de las garantías “éticas” que tiene el estado de derecho, es un insulto, a la inteligencia de los ciudadanos, volver a plantear este tipo de documentos, cuando ha quedado demostrado que no valen ni los juramentos ni los códices.
La cultura del pelotazo, la gomina y el enriquecimiento rápido viene de muy lejos y en ese sentido la gran mayoría de los partidos políticos, se han visto envueltos en este tipo de escándalos, como consecuencia, entre otros, de una falta de ideales que debe presidir en los partidos políticos y que han venido permutándose por el culto y la praxis de la pura gestión económica.
Así se puede entender, que los que hoy están en un grupo político, mañana puedan estar en otro colectivo de signo aparentemente distinto, sin que nadie se escandalice y lo que es más grave, que se alienten este tipo de actitudes para, en nombre de la ciudadanía, realizar unos cambios que solo buscan favorecer sus propios intereses. Si estos comportamientos fuesen erradicados por los partidos políticos, aquellos que son individuales serían más difíciles que se pudieran facilitar.
Parecería normal como dicen algunos, llamados políticos, desvincular los “deslices”, que generan individualmente las personas en función de su cargo, con los del partido político al que pertenecen. Sin embargo esa afirmación no es totalmente cierta; porque, si entendemos que un partido político, no es un ente abstracto, sino que está compuesto por personas, que tienen unos órganos de dirección y de gestión y en la medida que esos responsables, son los que tienen el deber y por tanto la obligación de velar para que prevalezcan sus ideales y sus fines, parece evidente que, al margen de las responsabilidades individuales, también deba exigirse responsabilidades colectivas ó políticas, a los responsables de esos partidos políticos.
Los partidos políticos, deben asumir que tienen un problema de credibilidad social, desde hace mucho tiempo, por sus contradicciones, sus irregularidades o por abdicación de sus responsabilidades, así mientras no los afronten con realidad y sin complejos, continuaran intentando dar explicaciones de unas consecuencias, que no se corresponden con la realidad global de las causas, al margen de la participación y el control, que debe regir en todos los órganos de los partidos y más aún cuando gobiernan.
Utilizando una de las citas del Presidente de la Comunidad, cuando se dirigía al Parlamento en el debate de investidura, sobre una sociedad responsable y fuerte, decía, “Los países que confían demasiado en las administraciones, ven su bienestar lastrado por la burocracia y por la poca eficiencia. En el otro extremo, las sociedades donde el Estado apenas hace sentir su presencia, normalmente consolidan situaciones de desigualdad e injusticia absolutamente incompatibles con la dignidad humana, ... porque un pueblo que todo lo confía a la Administración, es un pueblo dependiente que renuncia a su protagonismo”.
Para completar esta cita le faltó decir, al presidente, que las políticas que aumenta los controles, la transparencia y la participación, en los órganos de gobierno, son las que robustecen las democracias y erradican las corrupciones de la vida política.
Visto lo anterior debemos preguntamos, para qué sirve el “juramento público” que realiza los políticos, como compromiso necesario para adquirir la plena condición de sus cargos, en el que deben respetar las garantías de un estado de derecho, si posteriormente lo incumplen. Siendo ésta la mayor de las garantías “éticas” que tiene el estado de derecho, es un insulto, a la inteligencia de los ciudadanos, volver a plantear este tipo de documentos, cuando ha quedado demostrado que no valen ni los juramentos ni los códices.
La cultura del pelotazo, la gomina y el enriquecimiento rápido viene de muy lejos y en ese sentido la gran mayoría de los partidos políticos, se han visto envueltos en este tipo de escándalos, como consecuencia, entre otros, de una falta de ideales que debe presidir en los partidos políticos y que han venido permutándose por el culto y la praxis de la pura gestión económica.
Así se puede entender, que los que hoy están en un grupo político, mañana puedan estar en otro colectivo de signo aparentemente distinto, sin que nadie se escandalice y lo que es más grave, que se alienten este tipo de actitudes para, en nombre de la ciudadanía, realizar unos cambios que solo buscan favorecer sus propios intereses. Si estos comportamientos fuesen erradicados por los partidos políticos, aquellos que son individuales serían más difíciles que se pudieran facilitar.
Parecería normal como dicen algunos, llamados políticos, desvincular los “deslices”, que generan individualmente las personas en función de su cargo, con los del partido político al que pertenecen. Sin embargo esa afirmación no es totalmente cierta; porque, si entendemos que un partido político, no es un ente abstracto, sino que está compuesto por personas, que tienen unos órganos de dirección y de gestión y en la medida que esos responsables, son los que tienen el deber y por tanto la obligación de velar para que prevalezcan sus ideales y sus fines, parece evidente que, al margen de las responsabilidades individuales, también deba exigirse responsabilidades colectivas ó políticas, a los responsables de esos partidos políticos.
Los partidos políticos, deben asumir que tienen un problema de credibilidad social, desde hace mucho tiempo, por sus contradicciones, sus irregularidades o por abdicación de sus responsabilidades, así mientras no los afronten con realidad y sin complejos, continuaran intentando dar explicaciones de unas consecuencias, que no se corresponden con la realidad global de las causas, al margen de la participación y el control, que debe regir en todos los órganos de los partidos y más aún cuando gobiernan.
Utilizando una de las citas del Presidente de la Comunidad, cuando se dirigía al Parlamento en el debate de investidura, sobre una sociedad responsable y fuerte, decía, “Los países que confían demasiado en las administraciones, ven su bienestar lastrado por la burocracia y por la poca eficiencia. En el otro extremo, las sociedades donde el Estado apenas hace sentir su presencia, normalmente consolidan situaciones de desigualdad e injusticia absolutamente incompatibles con la dignidad humana, ... porque un pueblo que todo lo confía a la Administración, es un pueblo dependiente que renuncia a su protagonismo”.
Para completar esta cita le faltó decir, al presidente, que las políticas que aumenta los controles, la transparencia y la participación, en los órganos de gobierno, son las que robustecen las democracias y erradican las corrupciones de la vida política.
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