En estos días hemos podido informarnos a través de la prensa y otros medios de comunicación que el concejal de Urbanismo quiere llevar a los tribunales a Marcos Monzón, funcionario de este Ayuntamiento, por usurpación de funciones públicas al firmar éste un documento interno dando el visto bueno a un determinado trabajo, puesto que, según el concejal, esta persona tiene como categoría laboral la de peón y por tanto no debía firmar dicho documento.
Lo que no dice el citado concejal es que esta persona viene desarrollando trabajos de superior categoría, sin la diferencia salarial acorde a las funciones que desarrolla, desde hace siete u ocho años incluido todo el mandato de este gobierno municipal, firmando todas las remesas de material que necesita para el funcionamiento de su departamento.
Por tanto, el mencionado concejal era y es, presuntamente, conocedor de esa situación, pero es que, además, esta es una práctica bastante extendida en este Ayuntamiento por el hecho de no disponer de una Relación de Puestos de Trabajo que defina las funciones que deban desarrollar cada categoría laboral.
En cualquier caso, hay que decir que si se vienen desarrollando trabajos de superior categoría es porque a las partes les interesa y, en todo caso, en connivencia con la actual Corporación municipal, que es la que debería fiscalizar este tipo de prácticas.
Por ello debíamos preguntarnos que catadura moral tiene un personaje que, por un lado, asume que existe una situación anómala, como es ésta, y por otro intenta denunciar a aquellos que se han prestado a desarrollarla. Más aún, cuando hace bien poco, este mismo concejal se quejaba de que los funcionarios no querían firmar ningún documento.
Creemos que no existen precedentes en la vía judicial, tanto social como penal, que avalen las absurdas pretensiones del mencionado concejal de denunciar a un trabajador por el hecho de responsabilizarse del trabajo que se le ha encomendado. Sin embargo, es preocupante que por situaciones como las señaladas, cualquier trabajador se encuentre en un estado de indefensión y no se sienta arropado, como es el caso que nos ocupa, por todos los sindicatos sin excepción, puesto que este es un problema de todos los trabajadores, ni por la junta de personal, que es la que representa a todos y cada uno de los funcionarios de este ayuntamiento estén o no afiliados.
Como hemos podido observar, el problema de este funcionario no es laboral ni penal. Es un caso de persecución política, puesto que se ha significado desde una de las asociaciones vecinales a la que representa en el movimiento ciudadano y ha estado al frente de las distintas manifestaciones que han existido a lo largo de este último año.
De ahí que deba tener todo el reconocimiento y la solidaridad de todas las asociaciones vecinales no sólo como dirigente vecinal, sino como persona, por su talante afable y su constante predisposición a desarrollar su labor en esta institución municipal.
Lo que no dice el citado concejal es que esta persona viene desarrollando trabajos de superior categoría, sin la diferencia salarial acorde a las funciones que desarrolla, desde hace siete u ocho años incluido todo el mandato de este gobierno municipal, firmando todas las remesas de material que necesita para el funcionamiento de su departamento.
Por tanto, el mencionado concejal era y es, presuntamente, conocedor de esa situación, pero es que, además, esta es una práctica bastante extendida en este Ayuntamiento por el hecho de no disponer de una Relación de Puestos de Trabajo que defina las funciones que deban desarrollar cada categoría laboral.
En cualquier caso, hay que decir que si se vienen desarrollando trabajos de superior categoría es porque a las partes les interesa y, en todo caso, en connivencia con la actual Corporación municipal, que es la que debería fiscalizar este tipo de prácticas.
Por ello debíamos preguntarnos que catadura moral tiene un personaje que, por un lado, asume que existe una situación anómala, como es ésta, y por otro intenta denunciar a aquellos que se han prestado a desarrollarla. Más aún, cuando hace bien poco, este mismo concejal se quejaba de que los funcionarios no querían firmar ningún documento.
Creemos que no existen precedentes en la vía judicial, tanto social como penal, que avalen las absurdas pretensiones del mencionado concejal de denunciar a un trabajador por el hecho de responsabilizarse del trabajo que se le ha encomendado. Sin embargo, es preocupante que por situaciones como las señaladas, cualquier trabajador se encuentre en un estado de indefensión y no se sienta arropado, como es el caso que nos ocupa, por todos los sindicatos sin excepción, puesto que este es un problema de todos los trabajadores, ni por la junta de personal, que es la que representa a todos y cada uno de los funcionarios de este ayuntamiento estén o no afiliados.
Como hemos podido observar, el problema de este funcionario no es laboral ni penal. Es un caso de persecución política, puesto que se ha significado desde una de las asociaciones vecinales a la que representa en el movimiento ciudadano y ha estado al frente de las distintas manifestaciones que han existido a lo largo de este último año.
De ahí que deba tener todo el reconocimiento y la solidaridad de todas las asociaciones vecinales no sólo como dirigente vecinal, sino como persona, por su talante afable y su constante predisposición a desarrollar su labor en esta institución municipal.
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