lunes, 16 de abril de 2007

OBSESIÓN POLÍTICA

La falta de un Reglamento Municipal que regule los usos y espacios de todos los edificios sociales que están al servicio de todos los ciudadanos, de acuerdo con unos criterios objetivos que dé cumplimiento a la ley de asociacionismo, es lo que provoca lo que viene sucediendo desde hace ya varios años con la asociación de vecinos de las Huesas. Esta falta de definición induce a que los gobiernos municipales, sean estos u otros, intenten estrangular a cualquier asociación por el solo hecho de no ser de su cuerda política, olvidándose que ese patrimonio público es de todos los ciudadanos y que en ningún modo se puede gestionar estos locales de acuerdo con el criterio personal del concejal de turno y por tanto desde una posición de poder.

De igual forma las asociaciones vecinales debemos entender que las asociaciones que se creen en un barrio deben tener cabida en el edificio que el Ayuntamiento tenga destinado, en ese u otro ámbito cercano, siempre y cuando las zonas comunes no se reduzcan ni pierdan la finalidad para que su desarrollo no se rompa, zonas que en todo caso, deben estar destinadas a las asambleas y actividades de estos afiliados u otras asociaciones y sus afiliados en el futuro.

En el caso de la asociación de vecinos de las Huesas no se cuestiona el que otras asociaciones puedan tener cabina en ese recinto, lo que se viene discutiendo es que con la pretensión de la Concejalía de Participación Ciudadana, de dar ubicación a una asociación en zonas comunes, se va a infrautilizar todo el local y consiguientemente se cercena los fines y desarrollo para los que han sido creado.

Si esto es así, debemos preguntarnos donde tienen el sentido común y de justicia de aquellos que nos gobiernan, pues creemos que es más fácil empezar por elaborar un Reglamento, consensuarlo con los partidos políticos y asociaciones vecinales, de tal forma que tengamos unas reglas que nos puedan servir a todos.

La autoridad se pierde cuando se intenta imponer medidas de fuerza o poder que no están establecidas ni respaldadas por ningún órgano democrático de esa corporación, como es el caso que nos ocupa, por ello, hasta tanto no se apruebe el citado Reglamento, debe continuarse con los usos y costumbres que se han venido utilizando para estos locales, tal y como se predice en la propia Ley.

Continuar insistiendo sobre esta materia, por la mencionada Concejalía de Participación Ciudadana, no sólo afirma su intolerancia política que cuestiona el diálogo que debe existir entre la administración local y la participación ciudadana, sino que además perjudica a su propia formación política que, a sesenta días de las elecciones, van a tener que pedir el voto a esos mismos ciudadanos a los que ahora pretenden discriminar.

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