El objetivo de éste título es analizar el avance que ha tenido los distintos tratados de la unión europea, desde su nacimiento hasta nuestros días, y como ha venido evolucionando desde los intereses de los estados a los intereses ciudadanos, por el contrario no se va a ocupar de examinar la convergencia económica y lo que ha supuesto para los intereses del estado del bienestar, en nuestro país, ni tampoco la libre circulación de los trabajadores y sus derechos, y el espectáculo vergonzoso de una parte importante de nuestros representantes políticos, cuestionando el derecho al trabajo de estos residentes de la Unión Europea en la Comunidad Canaria.
Para muchos políticos y no pocos empresarios, la comunidad europea, sólo significa ayudas y subvenciones económicas puesto que no hemos visto que quieran responsabilizase en la corrección que originó esta ayuda pensando, quizás, que estos auxilios o subvenciones no tienen conclusión y van a continuar en el tiempo. Deben pensar que estas subvenciones no salen de los impuestos de los ciudadanos europeos. También hemos podido ver como determinados personajes públicos han sido imputados, supuestamente, por sisar comisiones de estos impuestos a través de ayudas, subvenciones o proyectos.
La falta de credibilidad de los representantes de las formaciones políticas más empeñados en explicarnos batallas de sus partidos, sobre presuntas corruptelas y otros intereses de poder, puede explicar que los ciudadanos no hayamos recibido la información precisa para votar con un mayor conocimiento en estas elecciones tan importantes para nuestro futuro como ciudadanos de un país de veintisiete estados.
Allá por el año 1950 cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, propone la integración de las industrias del carbón y del acero para Europa Occidental. Un año después, en año 1951 respondieron los países de la República Federal de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos, para fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). En este sentido parece claro que el enfoque de estos países, estaba situado en intereses rigurosamente económicos. De hecho el Tratado de la CECA nació con fecha de caducidad (50 años), la cual finalizó en el año 2002.
Si efectuamos un breve repaso al progreso de la integración europea, cabría recordar que, en los Tratados constitutivos, al margen de las cuatro clásicas libertades de tipo económico: libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales y de referencias a la no discriminación por razón de sexo y de nacionalidad en el ámbito laboral, no se hablaba de derechos fundamentales, ni se perfilaba un concepto de ciudadanía europea, como tampoco se preveían mecanismos de participación democrática.
En su etapa inicial y en estas condiciones, los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, no sólo no estaban facultados para ejercer derechos europeos, sino que ni siquiera disponían de representantes parlamentarios libremente elegidos y el Parlamento Europeo sólo contaba con facultades de consulta que, en determinadas ocasiones, tuvieron de ser salvaguardadas por el Tribunal de Justicia ante el embate de las instituciones comunitarias de mayor peso político, especialmente del Consejo.
Con el Tratado de Ámsterdam de 1997, se introdujeron algunos derechos como el acceso a documentos y la facultad para dirigirse a los organismos de la Unión en las lenguas oficiales, se recuperó la referencia a la Carta Social y se fortaleció la cláusula de igualdad y de género (acciones positivas a favor de la mujer para evitar la discriminación sexual, es decir, una ciudadanía igualitaria entre hombres y mujeres).
Con el Tratado de Maastricht de 1992 se formaliza un mini catálogo de derechos civiles y políticos asociados a la ciudadanía de la Unión, como el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y al Parlamento europeo, consultar otros derechos que se formularon como susceptibles de disfrute por personas físicas o jurídicas que se encontraban en la Unión, quejas al Defensor del Pueblo Europeo o peticiones ante el Parlamento Europeo y en otros derechos se incluían con limitaciones a los no comunitarios, libertad de circulación y de residencia. El Tratado de Maastricht se caracteriza por una ciudadanía transversal político - económico, con un amplio déficit en la vertiente social pues, no se incluyó en el capítulo de la ciudadanía, la propuesta de la Comisión referente a la lucha contra la exclusión social y, mientras es verdad que en el texto articulado se recogió el respeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se omitió cualquier referencia a la Carta Social Europea, con una ciudadanía cultural muy diluida.
Debemos convenir que ser ciudadano o ciudadana no es suficiente con expresar metafóricamente el título de ciudadano europeo, sino disfrutar del ejercicio de una serie de derechos fundamentales y tener la posibilidad de participar en la construcción europea. Con esta proposición, la participación ciudadana, comporta la integridad participativa en la composición europea dirigida desde diversas facetas: ciudadanía política, social, cultural y económica, no necesariamente conducidas en exclusiva por los Estados miembros, sino abiertas también a los ciudadanos y ciudadanas.
La participación ciudadana pendiente en la Constitución europea, debe escribirse como un punto decisivo en la realización efectiva del principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales de la transposición entre la democracia política y la democracia social. Hasta que se confirme la efectiva adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, los ciudadanos europeos seguimos expuestos a posibles decisiones divergentes del Tribunal Europeo de Estrasburgo y del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Por lo que debamos exigir la inmediata adhesión a la Unión de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, tal y como ha venido ratificando el Comité Europeo de Derechos Sociales.
La consecución de los estados unidos europeos con unas mismas reglas en derechos y obligaciones es el objetivo final de cualquier ciudadano que afirme ser europeo, por ello debemos instar, a nuestros políticos, a la obtención de la convergencia laboral y social plena.
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