Nos comentaba un ciudadano que las Asociaciones Vecinales no sirven para defender nuestros derechos sociales y que, con independencia de cómo se llamen, en la práctica son asociaciones recreativas dedicadas fundamentalmente a intereses lúdicos o formativos, como son los cursos de guitarra, gastronomía, artesanía, cerámica, etc. Nos decía, que el fin primordial de las asociaciones vecinales debería estar dirigido a los intereses y defensa de los derechos ciudadanos en el municipio, nos ponía como ejemplo los últimos acontecimientos sobre las jaulas marinas y las consecuencias medioambientales de nuestras playas, en la que los ciudadanos tienen que recoger firmas para su desplazamiento, porque las asociaciones no son capaces de defenderles de ese atropello y menos aún los políticos de turno.
De igual modo nos comentaba que la mayoría de estas, asociaciones y federaciones, no eran independientes y que esta situación unida a la anterior perjudican al municipio porque pervierten sus fines e igualmente al movimiento ciudadano en la consecución de sus objetivos.
No deja de tener razón con lo argumentado por este ciudadano, sin embargo no entiende que el hecho de que exista un grupo de personas conscientes sobre estos hechos no significa que todos lo estén, porque las situaciones las puede cambiar la mayoría social cuando y como quiera, sólo necesita voluntad para estar y asumir nuestras responsabilidades individuales. Por tanto no sólo los políticos tienen la culpa de una situación determinada, la tenemos toda la sociedad por permitirla y no asumir la parte de corresponsabilidad colectiva que nos corresponde.
En ese sentido, la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, contiene como derecho una buena administración (Art. 41) y el derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión (Art. 43).
En una resolución adoptada el 6 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa, la cual consta de 27 Art., dirigido a las instituciones y órganos de la Unión Europea, cuyos contenidos deberán ser respetados por esas administraciones y sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos.
El derecho a una buena administración, de acuerdo con Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, incluye literalmente los siguientes puntos.
Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente dentro de un plazo razonable.
Este derecho incluye en particular:
El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.
El derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.
Cuando observamos muchas de nuestras administraciones y comprobamos la realidad social cotidiana, en la que éstas ni siquiera se molestan en contestar cualquier reclamación o sugerencia que realiza el ciudadano, salvo honrosas excepciones, como podemos pretender, además, que contesten en el idioma en que se ha realizado la misma.
Claro que estos gobernantes, probablemente, entienden que estos derechos son para que los cumplan las administraciones europeas y no las nuestras, puesto que no han asimilado, aún, que somos parte de la Europa política, de ahí que la mayoría de los derechos que emite la Unión Europea no se cumplan. Pero sin embargo cuando se trata de solicitar ayudas o subvenciones económicas europeas, sí parecen conocer la normativa aplicable a la perfección.
Cuando estos mismos políticos nos pretenden dar lecciones con discursos ejemplares y lo contrastamos con sus políticas habituales, nuestro inconsciente se revela y nos devuelve a la realidad cotidiana para ver que, con independencia de que algunos tengan un verbo fácil y otros sólo lo balbuceen, la mayoría están tan desconectados de los problemas cotidianos que lo único que percibimos son sus intereses partidarios, que finalmente pagamos los ciudadanos.
Estos encantadores de serpientes pretenden adormecer a la sociedad como si estuviésemos en el pasado, emulando a los líderes de aquella época, olvidándose que esa misma sociedad está mucho más formada, informada y globalizada tecnológicamente que en ese pasado añorado y por tanto menos susceptible de ser manipulada en todos los órdenes de su vida cotidiana, lo que provoca que sus ciudadanos estén cada vez más alejados de los representantes políticos.
Estos vendedores de humo deben entender que lo que persigue una sociedad moderna no son líderes, sino buenos gestores de la cosa pública que respeten sus reglas y que los contratos ideológicos por los que se presentan, a los cargos públicos, se realicen escrupulosamente, para con su decir y hacer tener la autoridad moral, el respeto y la confianza de ser nuevamente elegido.
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