DE NOSOTROS DEPENDE

Decía Concha Denche y Julio Alguacil, sociólogos ambos, que lo que queda al margen del sistema formal está destinado a volver continuamente y a plantearse como problema. De nosotros depende no tratar como irracional todo lo que no es calculable. Esta introducción no sólo es el reflejo de las promesas incumplidas, del actual gobierno municipal y que no estamos dispuestos a que se olvide, sino el secuestro de unos derechos sociales recogidos en los reglamentos derivados de la Ley 57/2003, que aprueba el Pleno de la Corporación municipal de la ciudad celebrado el 30 de Noviembre de 2005, que son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha el 13 de Febrero de 2006 y en vigor desde el mismo día de su publicación.

Las razones para renegar de los citados reglamentos y extender sus derechos, en su puesta en práctica, debemos buscarlas en las inseguridades generadas para la realización de la cogestión de los intereses públicos o lo que sería mucho más grave liberarse de los controles sociales, para seguir manipulando a la sociedad, lo que representaría una falta de limpieza o transparencia del gobierno municipal hacia la ciudadanía.

Ni siquiera los partidos políticos que apoyaron a la mayoría gobernante que tuvo la iniciativa prevista en la ley, que concluyó con la aprobación y publicación de los mencionados reglamentos, ha tenido la determinación de denunciar la violación de estos derechos ciudadanos. Lo que nos indica que fue la falta de experiencia y las presiones existentes, los que determinaron la plasmación de aquellos derechos y no la firme voluntad política de los partidos políticos que hoy están en la oposición.

En este sentido las AAVV tuvieron un papel preponderante en las propuestas, mejora y consecución de los derechos sociales definidos en los reglamentos de los foros ciudadanos por las presiones ejercidas en aquel mandato, sin embargo y a pesar de que hoy aquellos derechos permanecen sometidos a la voluntad del gobierno municipal de turno, la mayoría de aquellas AAVV parecen más interesadas en que se le coloree su local vecinal o que se le faciliten cursos de gimnasia rítmica, que en la defensa de aquellos derechos ciudadanos que supuestamente defendían.

En todo caso, parece claro que la mayoría de las AAVV son lo suficientemente libres, faltaría más, para tomar aquellas decisiones que consideren más ajustadas a los intereses de sus asociados, para valorar que le subvencionen cursos de ocio o defender los derechos de todos los habitantes. Sin embargo nos llama la atención e inquieta que pudiendo tener marcos estables para sugerir o proponer iniciativas, para mejorar su barrio o zona, prefieran estar bajo la dependencia y voluntad del regidor de cada momento.

Dilatar la puesta en marcha de todos los foros ciudadanos con el pretexto de mejorar los derechos de uno de aquellos reglamentos y cuando lo hacen es para diluirlos o limitarlos como ha ocurrido, lo único que prueba es que no existe atrevimiento político para ejecutarlos y menos aún modificarlos efectivamente, lo que constituye una burla hacia todos los ciudadanos, si tenemos en cuenta que todos los partidos políticos, que se sientan en ese gobierno, se llenaban la boca junto a las AAVV para defender una participación ciudadana amplia y plural.

La citada Ley lo que hace es modificar determinados artículos de la Ley de Bases de Régimen Local, para sustituirlos o reemplazarlos por otros del mismo cuerpo articulado de esta LBRL, de ahí que no se deba considerar la intervención ciudadana como un gesto de buena voluntad como algunos, voceros del gobierno, pretenden intoxicar a la opinión pública con opiniones propias de las dictaduras, sin base argumental alguna que lo sustente que es lo que se exige en una sociedad democrática.

Por ello debemos decir alto y claro que la participación ciudadana emanada de la debatida Ley y que, obliga a todos los ayuntamientos; pequeños y grandes, la diferencia entre unos y otros está en que a los pequeños municipios se les obliga a la creación de unos mecanismos básicos para la colaboración y los acogidos en el título X de la Ley como es el caso de esta ciudad los amplían a otros. En este municipio ni tan siquiera se han desarrollado aquellas disposiciones mínimas que afectan a todos los ayuntamientos, en contraposición con aquellos de nuestro entorno que realizaron sus deberes en esta materia.

Estos derechos los podemos simplificar señalando que ésta regulación procede de las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 19/2001, que la ha inspirado y afirmada por la ley que se viene cuestionando en este municipio. Estas recomendaciones se manifiestan en tres principios fundamentales:

Obligatoriedad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacer efectiva la participación.

La aplicación de las nuevas tecnologías para facilitar la participación y la comunicación de los ciudadanos, así como para la realización de trámites administrativos.

La introducción de la posibilidad de iniciativas públicas, que puedan constituir un instrumento participativo.

Debemos decir, una vez más, que la participación ciudadana sólo es posible cuando se toma parte activa en las decisiones públicas y para ello es necesario un marco estable normalizado, como los que están aprobados y que desde hace cuatro años están secuestrados. Los colectivos vecinales, sindicales, empresariales, profesionales, etc., no deben estar sujetos a que le quieran recibir o no el gobierno de turno para, considerar los problemas que incumbe a su barrio, zona o distrito, que se le conteste o no las sugerencias o reclamaciones que realizan los ciudadanos, que le solucionen o no los problemas en función de que te encuentres cerca de sus estrategias o lo que es más indigno que te reciban o no dependiendo del color político.

Esperamos que la historia de este municipio no sea generosa con aquellos que, por una u otra razón, teniendo responsabilidades sociales, políticas, de gobierno y que pudiendo mejorar el nivel de compromiso o de responsabilidad social de la cosa pública, a través de la aportación y los consensos sociales, para que contribuyan activamente en el desarrollo social del municipio eligen, una vez más, excluirlos de la participación reglada, aunque para ello quebranten, frenen o silencien sistemáticamente los derechos democráticos de todos los ciudadanos.

Cuando los gobernantes no están a la altura que requieren los acontecimientos es una obligación democrática y un compromiso social denunciar públicamente estas injusticias, así como realizar las gestiones y acciones tendentes para cambiar un escenario indigno que se dilata en el tiempo sin causas estimables que lo justifique, salvo que la mayoría social esté dispuesta a que unos personajes, utilizando la autoridad institucional , nos despojen de unos derechos cuando supuestamente fueron elegidos, entre otras cosas, para proteger los mismos.