Decía el autor
inglés de un mundo feliz Aldous Huxley, que
cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa se
vuelve la nobleza de su lenguaje. De ahí que no podamos dejar de asombrarnos
por las mentiras cotidianas que fabrica el poder con la
intención de esconder la realidad, con la anuencia de los medios de
comunicación. Cuando dicen defender el interés general lo que se puede apreciar
es que los beneficiados son unos pocos con mucho dinero.
Son los administradores
de la sociedad los que se creen los dueños del sistema y del poder y lo adaptan
a sus propios aparatos de poder. Son los que con sus mentiras nos endeudan, los
que con sus mentiras privatizan lo público, con el argumento que lo privado
funciona mejor y es mucho más barato, son los que con sus mentiras socializan
las pérdidas y privatizan los beneficios, son los que convierten la deuda privada en
pública, para que sea pagada por las capas más modestas de la sociedad. Lo
que tratan de hacer con tantas y tan variadas mentiras es distorsionar
la realidad para conseguir sus objetivos.
Son esos
administradores de la sociedad los verdaderos especuladores porque son los que
con sus leyes y normas dan los derechos para que los ricos paguen pocos
impuestos y a los pobres se les puedan desalojar de sus casas y paguen más
impuestos, son los que con sus normas y leyes facilitan la precariedad laboral,
los que privatizan la sanidad, la educación o reducen las becas.
Son los que realizan
administraciones complejas regidas fundamentalmente por organigramas jerárquicos
de tipo piramidal, propicias claro está, para hacer y deshacer a su antojo, sin
consultar a la gente, con la excusa de que se trata de decisiones complejas
técnicamente, con el verdadero objetivo de hurtar el debate a la gente y así
tomar decisiones que favorecen los intereses de determinados grupos de presión.
Son los que eliminan los controles plurales e
independientes y crean comisiones por ellos mismos convirtiéndose en jueces y
parte, son los que utilizan las mayorías para distorsionar la realidad de las
cosas, para eliminar la transparencia y consecuentemente facilitar todos los
latrocinios como si la mayoría fuese un valor democrático, pues en vez de facilitar
la transparencia, es la censura y la opacidad la que imponen los gobiernos
neoliberales alrededor del mundo, que son los que elaboran normas y leyes para
amordazar a sus ciudadanos o para que la justicia no sea gratuita.
En este sentido, los movimientos
sociales o, lo que es lo mismo, a los descontentos populares, que no comparten
este estado de cosas, le han tomado buena nota de sus acciones y han diseñado
un traje a medida para terminar con sus movilizaciones,multas administrativasno hay intervención
judicial.
bastando la palabra de un
policía elimina el papel de los juecestasas judiciales.
Entre otras acciones, no se podrán grabar
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en redes
sociales. Si hay violencia policial debe quedar en la estricta
intimidad e impunidad. Tengamos cuidado de que sus expresiones no
supongan una ofensa a España a juicio de la autoridad competente así
que digan que recitaban a Lorca o Machado por si acaso. Tampoco perdamos el DNI
ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado
o llévelo siempre atado al cuello. Las faltas muy graves se sancionarán con,
entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con, entre 601 euros y 30.000
euros y las leves con, entre 100 y 600 euros.
Tampoco
la imposición de tasas para acceder a la Justicia, que obliga a pagar por primera vez a los ciudadanos
de una unidad familiar que ingrese más de 15.975 euros y que acudan a la
Justicia,
donde en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, el procedimiento abreviado cuesta 200 euros y el
ordinario, 350. El recurso de apelación supone 800 euros y el de casación,
1.200. Jurisdicción Civil. El juicio verbal supone 150 euros; el ordinario,
300; el proceso monitorio, 100; las ejecuciones, 200, y los concursos, 200. Además,
el recurso de apelación supondrá pagar 800 euros y, el de casación, 1.200
euros. Jurisdicción Social. El recurso de suplicación cuesta 500 euros y el de
casación, 750.
Son
los amantes de los tutelajes y las manipulaciones, los de la porra y el uniforme los
responsables directos del tic tac.
Decía D. Benito Pérez Galdós en 1912 en un
artículo que el escritor publicaba hace ahora más de cien años su visión del
momento político de aquel entonces, (Sic) los dos partidos que se han
concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres
que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún
fin elevado los mueve, no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de
esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo
como hoy se halla y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo,
ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el
económico, ni el educativo, no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril
trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna
eficacia práctica, y adelante con los farolitos. Si nada se puede esperar de
las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria. No
creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos. La
España que aspira a un cambio radical y violento de la política se está
quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez
lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea
sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental.
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