Cuando faltan dos
meses para la celebración de las Elecciones Municipales, Insulares y Autonómicas
se hace necesario exigir a los partidos políticos, como premisa previa, la
regeneración democrática y consecuentemente que devuelvan la política a sus
legítimos dueños, los ciudadanos. La crisis económica ha puesto de relieve la
crisis social y consecuentemente la política, la gestión de las instituciones y
los servicios que presta, derivada de
los populismos de los partidos, que sólo han sido eficaces para beneficiar los
intereses de sus respectivos partidos, sus representantes públicos y sus amigos.
El problema que ha
existido es que los ciudadanos han dejado el poder en manos de los políticos,
sin la participación activa de la ciudadanía, y éstos se han creído que son los
dueños del poder y de las instituciones por el hecho de haber ganado unas
elecciones, cuando es justo al revés, es el poder de los ciudadanos y son estos
los que deben exponer las condiciones de cómo quieren ser gobernados así como
cuáles son sus prioridades.
Esta evidencia no
sólo ha sido un problema nacional. Ha sido y es un problema Autonómico, Insular
y municipal. Por lo tanto se han reproducido las mismas actitudes en concebir
las políticas en todos los niveles de las administraciones del estado, apoyando
las elecciones en el marketing político apelando a los impulsos y a los
sentimientos ciudadanos para conseguir el poder, desarrollar sus propios
intereses y apoderarse de las instituciones.
Así se comprende
como los partidos conservadores insularistas vienen gobernando, desde hace casi
veinticinco años, con unos u otros de los partidos nacionales, para ellos
continuar en el poder y seguir dirigiendo los supuestos intereses de todos los
canarios, que si por algo se caracterizan es por favorecer los intereses de unas
islas con respecto a otras o por solicitar continuamente subvenciones al
gobierno central, a pesar del marco normativo de la financiación de las comunidades
autónomas, las rebajas de impuestos o llamadas
facilidades a los empresarios en las
zona ZEC, del REF y puertos francos, de la reserva de Inversiones RIC o
aquellas a través del Régimen especial de abastecimientos (REA), con la pretendida promesa sobre la creación de empleo y que en
ningún caso ha beneficiado a la vida cotidiana de los ciudadanos canarios.
A pesar de las más
de treinta competencias transferidas que tiene la Comunidad y que pueden
desarrollar y mejorar la vida de los canarios, al margen de las políticas
nacionales, no lo hacen y que por su repercusión económica y social señalamos,
entre otras las de Sanidad, Cooperativas y mutualismos no integrados en la
Seguridad Social, Educación, Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio
interior, Instituciones públicas de protección a los menores, Transporte
marítimo en las islas, Transporte y Producción de energías, Medioambiente,
Espacios naturales protegidos, Aguas y aprovechamientos hidráulicos y su
seguridad, Urbanismo y Vivienda, Obras públicas de interés para la Comunidad, Casinos
y Juegos y Apuestas, establecimientos farmacéuticos, Ordenación y planificación
de la actividad económica regional y del sector público, Criterios de
distribución derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Instituciones de crédito cooperativo público y
territorial y Cajas de Ahorros, además de una parte de los impuestos directos
de los residentes canarios (IRPF), etc.
Siendo esto así,
deberíamos preguntarnos para qué nos sirve mantener un gobierno autónomo que en
vez de generar confianza, empleo y bienestar su balance en la gestión lo único
que nos demuestra es que tenemos la mayor tasa de desempleo y el fracaso
escolar superior a la media de todo el estado, las colas en sanidad para qué
nos atiendan los especialistas o para una intervención, la exclusión social o
la pobreza, además de no facilitar al diputado del común toda la información sobre
las diferentes reclamaciones que son de su competencia, así como el déficit democrático
que se produce de las islas más pobladas en relación a otras donde los votos no
son proporcionales a la población y todo ello en función de la Ley Electoral
Canaria que favorece la hegemonía imprescindible de estos y que no están
dispuestos a cambiar.
Tampoco están
interesados en agilizar todos los trámites de las instituciones dependientes de
la Comunidad como puedan ser Cabildos o Ayuntamientos. Lo que sí hacen muy bien
es reelaborar normas que en vez de simplificarlas las enmarañan o dificultan
para terminar echando la culpa al gobierno central ante su incapacidad de
gestión. Ahora se viene desarrollando una Ley, como consecuencia de la deuda
contraída y la crisis donde se plantea las competencias de cada administración,
la transparencia o los presupuestos participativos. Aunque el desarrollo en los
reglamentos queda pendiente para la próxima legislatura lo que puede suponer un gatopardismo, utilizado en ciencias
políticas, que implica aquello de “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Su única
justificación económica es el turismo que nunca necesitó de ningún tipo de
gestión, pues el turismo existe desde mucho antes de la aparición de la democracia.
Por cierto ha quedado demostrado que a pesar del mayor crecimiento turístico en
las Islas vemos que no crea más empleo que el existente, aunque en la práctica
realicen más horas extras que las jornadas laborales del sector gracias a la
reforma laboral y al paro existente. Sin embargo para vigilar que se cumpla las
condiciones laborales del sector no existen inspectores.
Sólo saben vender
humo y para ello sólo debemos recordar aquello que decía el anterior presidente
que buscaba la felicidad de sus ciudadanos con su plataforma intercontinental o
éste que hace algunos meses dijo en el periódico de ‘El Día’ que la solución
pasa de nuevo por el ladrillo, no obstante apostar por el reciclaje y las
energías alternativas parece no interesarles si no están controladas por el
propio poder, aunque podrían crear bastante empleo, de hecho no se ha avanzado
en esta línea porque han existido demasiados intermediarios o mejor intereses
que terminaron en los juzgados. Las energías renovables deben ser democráticas
y no para mantenerlas en manos de los oligopolios.
Otro de los
ejemplos que se debe explicar es como es posible que las desaladoras se construyan
o realicen con el dinero de todos los contribuyentes y luego estos personajes
vendan una parte, o su totalidad, a la empresa privada o lo que es lo mismo
pongan en manos privadas un bien esencial como es el agua. Estos mismos que se
presentan como progresistas son los mismos que decían, en el pasado, que un
bien tan escaso no podía estar en manos de los aguatenientes, son los mismos
que hoy venden las desaladoras realizadas con nuestros impuestos a los
empresarios.
Con unas
instituciones que no funcionan y que más que públicas parecen privadas, si
tenemos en cuenta que por realizar alguna actuación o intervención residencial en
la administración tienes que pagar tasas y, peor aún si quieres crear una
empresa, porque te puede costar hasta los
treinta mil euros dependiendo del tipo de empresa que pretendas crear, cuando
se supone que todos los servicios deberían ser gratuitos dado que se abonan con
los impuestos de todos los ciudadanos a través de los presupuestos anuales. Esa
es la auténtica facilidad que le proponen
a los emprendedores para diversificar la economía.
Antes los Cabildos
junto a la mancomunidad de cabildos eran los auténticos gestores de las islas,
ahora con más gobierno la gestión es mucho más compleja, solo ha servido para
crear más dificultad a los ciudadanos, con más burocracia y más coste económico
para los contribuyentes, pero ninguna
eficacia. Por todo ello debemos cuestionar a los políticos que han venido
gobernando Canarias, que siguen anclados en el inmovilismo y en las viejas
políticas, que no están dispuestos a modificar sus comportamientos porque
entienden que las únicas vías en este estado democrático, muy propio de la
derecha, es votar cada cuatro años, alcanzar el poder y aplicar las mayorías
como si de unos valores se tratara, lo que supone que la realidad vendrá
impuesta, si o si, a partir de las próximas elecciones generales donde tendrán
que dialogar y consensuar mucho más que en estos últimos treinta años, donde se
producirán todos los cambios que han venido reivindicando la ciudadanía y no
porque los políticos canarios se hayan preocupado por el bienestar de los canarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario